El Legado de Cajal en Brasil. Siglo XXI

La Voluntad como Tónico Institucional: El Alma de las Naciones

Santiago Ramón y Cajal, nuestro Nobel de Medicina en 1906, legó a la humanidad un tesoro que trasciende con mucho su revolucionaria Doctrina de la Neurona. Su vida y su obra son un faro de autonomía, tenacidad y superación intelectual; una guía atemporal no solo para la ciencia, sino para la forja de un porvenir más justo. En su obra inmortal, Los tónicos de la voluntad, Cajal no se dirigía únicamente al científico aislado en su laboratorio; formulaba un precepto universal: la genialidad no es un don caído del cielo, sino el fruto de un cultivo deliberado, un «ejercicio permanente de autodisciplina y de imaginación aplicada». Esta filosofía del esfuerzo creador, que entrelaza la libertad con la más profunda responsabilidad, es un llamado a las armas del espíritu para superar los determinismos del origen, la escasez de recursos o las estructuras opresivas que ahogan el talento.

Y es precisamente este espíritu el que nos permite tender un puente entre el pasado y el presente, encarnado en la figura de Sebastião Helvecio Ramos de Castro. Médico, político y visionario, recientemente honrado como Huésped Distinguido de Salamanca junto al científico Adolfo García Sastre y a la propia bisnieta del Sabio, María Urioste Ramón y Cajal. Helvecio, como artífice de la iniciativa que aquí se analiza, demuestra que la voluntad de la que hablaba Cajal no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva, capaz de inspirar, aún hoy, la creación de herramientas para el bien común.

Este ideario resuena con una fuerza extraordinaria cuando se proyecta sobre la compleja arquitectura de las instituciones que sostienen nuestras democracias. Al igual que los individuos, las organizaciones públicas pueden languidecer en la inercia de la «reproducción burocrática» y el «tutelaje formalista», o pueden erigirse en motores de una transformación social profunda. El factor que decanta su destino es la existencia de «núcleos de autonomía intelectual» en su seno: grupos de individuos que, imbuidos de un espíritu crítico, se atreven a cuestionar rutinas, proponer innovaciones y, fundamentalmente, articular un conocimiento técnico excelso con un inquebrantable compromiso ético. El pensamiento de Cajal nos enseña que el carácter de una institución es el espejo del carácter de quienes la habitan. Sus «tónicos» no son solo para el individuo; son el nutriente esencial que permite a una organización evolucionar, actuando como un verdadero genoma institucional para la excelencia.

Una institución no puede ser innovadora si sus miembros no gozan de la libertad para pensar por sí mismos; no puede ser íntegra si sus profesionales no actúan con un compromiso moral que trascienda la mera obediencia. Por ello, la filosofía de Cajal es el código fuente para edificar instituciones robustas, capaces de adaptarse y florecer en un mundo cambiante. Un ejemplo asombroso de este principio en acción lo encontramos en un lugar inesperado: el Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCE-MG) en Brasil. Esta institución, mediante su uso vanguardista de la inteligencia artificial para fiscalizar las políticas públicas, se ha convertido en una encarnación moderna del espíritu cajaliano, demostrando que la voluntad de innovar y el rigor ético son las herramientas más poderosas para construir una sociedad más justa y eficiente.

De la Doctrina de la Neurona a la Institución Inclusiva: Un Linaje de Ideas

El ideario de Santiago Ramón y Cajal, centrado en la autonomía del individuo como motor del progreso, no es una filosofía aislada. Al contrario, es el punto de partida de un poderoso linaje intelectual que conecta la microescala del esfuerzo personal con la macroescala del diseño institucional y el avance social. Este linaje encuentra su continuación natural en las teorías de gigantes del siglo XX como Joseph Schumpeter y Daron Acemoglu, cuyas ideas, vistas a través del prisma de Cajal, componen una teoría unificada sobre cómo prosperan las sociedades.

Joseph Schumpeter, en su obra de 1942, acuñó el término «destrucción creadora» para describir el motor del progreso económico e institucional. Según él, el avance no surge de la plácida continuidad, sino de procesos disruptivos en los que nuevas formas de organización, impulsadas por «agentes innovadores», desplazan a las antiguas. Estos agentes innovadores de Schumpeter no son otros que los individuos forjados en la fragua de Cajal: aquellos que, con su voluntad indómita y su autonomía intelectual, se atreven a desafiar el status quo. En el sector público, esta disrupción creativa se manifiesta cuando instituciones tradicionalmente conservadoras rompen con la pasividad burocrática, incorporan tecnologías de vanguardia y asumen un papel proactivo en la mejora de las políticas públicas. El proyecto «Suricato» del TCE-MG es, en este sentido, una expresión perfecta de la «disrupción creativa aplicada a la fiscalización».

Sin embargo, para que esta disrupción sea constructiva, necesita un entorno propicio. Aquí es donde el trabajo del economista Daron Acemoglu se vuelve indispensable. Acemoglu distingue entre «instituciones extractivas», que concentran el poder y los recursos en manos de una élite, y las «instituciones inclusivas», que distribuyen el poder, garantizan el Estado de Derecho, amplían el acceso a la información y fomentan la innovación. Una institución inclusiva es el ecosistema necesario para que los individuos autónomos de Cajal puedan florecer y para que la destrucción creadora de Schumpeter sea productiva en lugar de caótica. La condición esencial para que un órgano de control funcione como una institución inclusiva es la «independencia funcional de sus auditores», un principio sagrado consagrado en normativas internacionales como las de la INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores). Esta independencia no es un privilegio corporativo, sino la salvaguarda legal de la autonomía intelectual que Cajal defendía como pilar de todo progreso.

La interconexión de estas tres perspectivas revela una verdad profunda: el progreso social depende de una tríada inseparable de autonomía, disrupción e inclusión. Sin los agentes autónomos y éticos de Cajal, las instituciones inclusivas de Acemoglu serían estructuras huecas, carentes de impulso vital. Sin el proceso de disrupción creativa de Schumpeter, estos agentes no tendrían un mecanismo para transformar sus ideas en un progreso tangible. Y sin el marco de las instituciones inclusivas, que Acemoglu y James A. Robinson describen como un «corredor estrecho» entre un Estado fuerte y una sociedad activa, la disrupción podría volverse destructiva y la autonomía individual sería aplastada por un poder opresor. El éxito del TCE-MG, por tanto, no es un mero logro tecnológico; es la validación de esta teoría unificada. Es una institución inclusiva que protege la autonomía de sus profesionales, permitiéndoles ejecutar una disrupción creativa al servicio de la democracia.

Inteligencia Humana, Inteligencia Artificial: Ecos de Cajal en el Algoritmo

La Central Suricato de Fiscalización Integrada del TCE-MG es el laboratorio donde esta filosofía institucional se pone a prueba. Nacida de una estrategia a largo plazo iniciada en 2011, esta iniciativa culminó en la creación de un ecosistema de auditoría digital basado en el análisis masivo de datos y la automatización. Para comprender su verdadero alcance, es necesario reflexionar sobre la naturaleza misma de la inteligencia, un concepto que nos devuelve, una vez más, al corazón del método de Cajal.

La etimología de la palabra «inteligencia» es profundamente reveladora. Proviene del latín intus legere, que significa literalmente «leer hacia adentro», y también se asocia a inter legere, «elegir entre». Estas dos acciones —leer en la profundidad de las cosas y elegir entre caminos posibles— definen la esencia del intelecto humano. El propio trabajo de Santiago Ramón y Cajal fue un monumental acto de intus legere: utilizó el microscopio para «leer» la arquitectura oculta del cerebro, para descifrar un lenguaje que nadie antes había podido interpretar. Su genio consistió en ver, en la impenetrable selva de células nerviosas, una estructura lógica y ordenada.

La inteligencia artificial del proyecto Suricato puede entenderse como una herramienta contemporánea para realizar un intus legere a una escala antes inimaginable. Sus algoritmos están programados para «leer hacia adentro» de gigantescas bases de datos públicas, cruzando millones de registros para identificar patrones, inconsistencias e indicios de irregularidades que serían invisibles para el ojo humano. Sin embargo, la contribución de la máquina, por poderosa que sea, se detiene ahí. La segunda y más crucial dimensión de la inteligencia, el inter legere —el acto de discernir, comparar y decidir con base en un juicio moral, ético y prudente—, permanece como un dominio exclusivamente humano. La inteligencia artificial proporciona la evidencia; los auditores autónomos, guiados por su compromiso con el interés público, emiten el juicio. Como afirma elocuentemente el análisis, «no existe máquina que piense sin que antes haya pensado el ser humano. La inteligencia artificial no sustituye el espíritu crítico, el juicio moral ni la prudencia institucional». La IA es, por tanto, como el microscopio de Cajal: un instrumento que amplifica la capacidad intelectual humana, pero que jamás la reemplaza.

La relación que se establece entre los auditores y la inteligencia artificial no es una simple jerarquía de mando, sino un ciclo simbiótico de retroalimentación. Al liberar a los profesionales de tareas repetitivas y mecánicas, la tecnología les permite dedicarse a un pensamiento de orden superior: el «análisis estratégico, el razonamiento inferencial y la comprensión sistémica de las políticas públicas». Este análisis más profundo conduce a la formulación de preguntas más agudas y a la elaboración de hipótesis de auditoría más sofisticadas. Estas nuevas hipótesis, a su vez, se traducen en algoritmos y «rutas de auditoría» más precisas para la IA. La máquina ejecuta estas nuevas instrucciones, generando datos aún más ricos y matizados, que refinan todavía más la comprensión estratégica de los auditores. Se crea así un círculo virtuoso de amplificación de la inteligencia, donde cada componente —humano y artificial— potencia al otro. Esta visión colaborativa y optimista de la tecnología contrasta con las narrativas distópicas y se alinea perfectamente con el espíritu humanista y progresista del legado de Cajal.

El Bisturí Digital: Anatomía de una Fiscalización para el Bien Común

La aplicación de estos principios filosóficos y tecnológicos encontró su prueba de fuego en un escenario de máxima urgencia: la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Para mitigar los devastadores efectos sociales de la crisis, el Estado de Minas Gerais creó el Programa Força Família, una ayuda financiera directa destinada a familias en situación de extrema pobreza. El desafío era inmenso: garantizar que la ayuda, financiada con recursos públicos finitos, llegara rápida y exclusivamente a quienes cumplían los criterios legales, en un universo de más de un millón de familias candidatas.

Los criterios de elegibilidad eran claros y objetivos: la familia debía estar inscrita en el Cadastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CADÚNICO) antes del 22 de mayo de 2021 y tener una renta familiar per cápita de hasta R$ 89,00 mensuales. Verificar el cumplimiento de estas condiciones para 1.027.522 familias inscritas habría sido una tarea titánica, lenta y propensa a errores si se hubiera abordado con métodos tradicionales. Fue aquí donde el TCE-MG desplegó su «bisturí digital». La Central Suricato actuó de forma preventiva, antes de que se efectuara ningún pago, ejecutando una intervención de alta precisión.

La metodología consistió en cruzar de forma automatizada tres grandes bases de datos gubernamentales. El CADÚNICO se utilizó para identificar a los inscritos y analizar su renta. El SISOBI (Sistema Informatizado de Control de Óbitos) sirvió para detectar fallecimientos, y el CAPMG (Catastro de Agentes Públicos) permitió verificar si algún miembro de la familia era funcionario público. A partir de este cruce masivo de datos, la inteligencia artificial puso a prueba cuatro hipótesis críticas de inelegibilidad:

• Familias con una renta per cápita superior al límite legal.

• Familias cuyo responsable financiero había fallecido.

• Familias en las que todos sus miembros constaban como fallecidos.

• Familias con duplicidad en el número de identificación fiscal (CPF) del responsable.

Los resultados de esta auditoría preventiva fueron espectaculares, no solo por su escala, sino por su precisión. El sistema identificó un total de 30.089 familias que no cumplían los requisitos legales para recibir la ayuda. La actuación del TCE-MG, comunicada a la Contraloría General del Estado antes de la ejecución de los pagos, permitió cancelar estos beneficios indebidos. El impacto de esta intervención se puede cuantificar en tres dimensiones clave:

• Impacto Financiero: Se generó un ahorro inmediato de R$ 18.038.400,00 para las arcas públicas, evitando un gasto improcedente.

• Impacto Técnico: La robustez del método quedó demostrada por una tasa de precisión del 99,999%. De las más de 30.000 familias señaladas, solo 25 fueron falsos positivos, una cifra ínfima que valida la fiabilidad del sistema algorítmico.

• Impacto Social y Ético: Esta es, sin duda, la dimensión más importante. La intervención no solo ahorró dinero; protegió la integridad y el propósito mismo de la política social. Al garantizar que los recursos se destinaran exclusivamente a las familias que verdaderamente los necesitaban, el TCE-MG transformó un acto de fiscalización en un acto de justicia social. Como señala el análisis, «más allá de proteger los recursos públicos, la actuación del TCE-MG protegió el propio sentido de la política social».

Esta actuación, además, se llevó a cabo con pleno respaldo legal, amparada por la propia ley que creó el programa, demostrando que no se trataba de una extralimitación institucional, sino del ejercicio diligente y responsable de su mandato constitucional.

Causa de Inelegibilidad****Familias IdentificadasRenta per cápita superior al límite legal23.500Responsable financiero fallecido6.548Todos los miembros de la familia fallecidos36Duplicidad de CPF del responsable5TOTAL DE FAMILIAS NO ELEGIBLES****30.089Ahorro público generado: R$ 18.038.400,00. Precisión del método algorítmico: 99,999%. Fuente: TCE-MG.

Conclusión: La Vigencia de un Sabio: Controlar es Desarrollar, Desarrollar es Humanizar

El recorrido desde los principios filosóficos de Ramón y Cajal hasta la aplicación de inteligencia artificial en Brasil conduce a una conclusión ineludible: los órganos de control externo, cuando están guiados por una visión republicana y dotados de autonomía y capacidad técnica, son instituciones estructurantes de la democracia contemporánea. Su valor no reside únicamente en lo que fiscalizan o juzgan, sino en lo que representan como núcleos de inteligencia pública y guardianes del interés colectivo.

La experiencia de la Central Suricato es mucho más que una innovación tecnológica; es la «expresión material de una transformación institucional» cimentada en los principios de disrupción creativa, autonomía intelectual e inteligencia colectiva. Ante la encrucijada que Daron Acemoglu describe como el «corredor estrecho», el Tribunal de Cuentas de Minas Gerais tomó una decisión consciente. Rechazó el camino de la inercia y las metodologías analógicas para abrazar la innovación, la legitimidad democrática y la audacia, ejerciendo su voluntad institucional para servir mejor a la sociedad.

La fiscalización del Programa Força Família demuestra que la adopción de tecnologías avanzadas no sustituye el juicio humano, sino que lo amplifica, permitiendo un control más oportuno, más justo y más transformador. El resultado no fue solo financiero, sino una conquista ética y social que aseguró que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Al final, todo se reduce a una elección, a ese inter legere que define la inteligencia. La elección que se impone a las instituciones del siglo XXI es clara: o permanecer ancladas en el pasado o asumir su vocación de ser inclusivas, críticas y valientes. El legado de Santiago Ramón y Cajal nos enseña que el progreso, ya sea en la ciencia o en la gobernanza, depende de esa voluntad inquebrantable de mirar más allá, de cuestionar lo establecido y de aplicar la imaginación para construir un mundo mejor. Su trabajo científico se dedicó a desentrañar el sustrato mismo de la vida y la conciencia humana. El caso de Brasil demuestra que su herencia filosófica, sus «tónicos de la voluntad», sigue viva, inspirando la creación de instituciones que protegen y dignifican la vida humana a escala social. Porque, en última instancia, “controlar es desarrollar, y desarrollar es garantizar que cada centavo público esté al servicio de la justicia, de la equidad y de la vida”. El legado del sabio no está confinado a los libros de historia o a los laboratorios; es una fuerza activa que sigue modelando un futuro más humano.

Saber más

El uso de robots en las actividades de fiscalización del control externo: el caso de una política pública aplicada a la población vulnerable por Renata RAMOS DE CASTRO y Sebastião Helvecio RAMOS DE CASTRO. Revista El Consultor de los Ayuntamientos, nº II, Septiembre de 2025, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos.